miércoles, 13 de octubre de 2010

AFIP-DGI s/ Dcia. (Azul infinito S.A)

///del Plata,     de junio de 2009.-

Y VISTA:

                        El presente expediente procedente del Juzgado Federal nro. 1 de esta ciudad, caratulado “AFIP-DGI s/ Dcia. (Azul infinito S.A)”, registrada bajo el nro. 5921 de la Secretaría Penal de este Tribunal.

Y CONSIDERANDO:
                        I) Vienen estas actuaciones a conocimiento del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado contra el auto de procesamiento decretado a fs. 183/191 por el Sr. Juez Federal a cargo del Juzgado Federal nro. 1 de esta urbe, por medio del cual se dispone el procesamiento sin prisión preventiva por la presunta comisión del delito de evasión simple del impuesto a las ganancias por el período fiscal 1.998 a Antonio Horacio Roberto en su carácter de presidente de la firma “Azul Infinito S.A”, generándose un perjuicio fiscal que asciende a la suma de ciento veintitrés mil ciento setenta y cuatro pesos con treinta centavos ($123.174,30), disponiéndose el embargo sobre el dinero o bienes del nombrado por la suma de ciento cincuenta mil pesos ($150.000).
                        II) A fs. 194/198 apela la defensa técnica del imputado, indicando como motivos de agravios, que se trata de una cuestión de interpretación del a quo y no de ocultamiento, ni de ardid, ni de engaño, toda vez que el rubro se halla contabilizado y cuenta con la documentación de respaldo que se ha exhibido como tal, y aún cuando hubiera mediado error contable reprochable, nunca puede llegar al dictado de un auto de procesamiento en orden al delito tipificado por el dolo.
                        Asimismo, refiere que dicha resolución ha sido dictada atendiendo exclusivamente a la fijación administrativa del monto que la AFIP manifestó haberse evadido, erigiendo la denunciante en delito penalmente punible, lo que eventualmente de existir, podría configurar una infracción administrativa.
                        Expresa además que no se halla esbozada la existencia de la materialidad del delito que se le imputa a su defendido, ni el aspecto subjetivo del agente que comprende su saber y su querer, toda vez que el auto recurrido se limita a la descripción de hechos tenido por ciertos no efectuando la necesaria subsunción de la conducta en la norma. Agrega que en estos obrados la prueba no aparece siquiera esbozada, no pudiendo sustentarse sin ella el procesamiento dictado, el cual tampoco halla apoyatura en las propias afirmaciones del juzgador no emergentes de prueba alguna, que en todo caso debió haber sido citada, interpretada y aplicada al caso para establecer la existencia de fraude, evasión impositiva.
                        Por último, se refiere al monto del embargo fijado refiriendo que la suma fijada se convierte en una seria amenaza de limitación de la libertad de su defendido, violando preceptos y garantías de rango constitucional, toda vez que al no hallarse siquiera precariamente acreditada la existencia de delito en sede penal no corresponde decretar medidas cautelares.
                        En definitiva, solicita, que se revoque el auto en cuestión y se declare la falta de mérito de la imputación del delito de evasión simple tributaria, conforme el Art. 309 del C.P.P.N., y por último hace la reserva de recurrir en casación.
                        En oportunidad de ampliar los fundamentos, luego de mantenido el recurso de apelación en debida forma, se extiende con relación a los peritajes, toda vez que a su criterio la misma se limitó a establecer porcentajes abstractos de utilidad suministrados por el denunciante razón por la cual omitió lisa y llanamente de expedirse sobre otros punto de pericia con total prescindencia de los elementos idóneos que fueran puestos a su disposición y obran en la causa, de tal manera que se ha realizado una errónea interpretación de algunos puntos de pericia, no indicando los que concretamente experimentara “Azul Infinito S.A.”, los expertos se aferraron a los asientos de los libros contables prescindiendo de la copiosa prueba decisiva.
                        Manifiesta además que en cuanto a la insuficiencia, errores y conclusiones en base a datos abstractos, los mismos fueron señalados por la apelante, quien a su momento, solicito al “a-quo” la integración de la pericial con los elementos de convicción obrantes en autos, situación ésta que el magistrado no resolviera, dictando el auto de procesamiento de su asistido.
                        Sostiene que la AFIP hizo una mala interpretación al asimilar a la sociedad como perteneciente a la venta de libros cuando en realidad la actividad económica comercial principal societaria es la comercialización de cursos de perfeccionamiento docente a distancia y sólo de modo complementario a la comercialización de material bibliográfico
                        Hace hincapié en que Horacio Roberto Antonio en ningún momento actuó con dolo para ocultar su real capacidad contributiva, toda vez que la contabilidad expuesta en los libros de comercio llevados conforme a ley, los asientos allí consignados y la documentación respaldatoria se hallan a la vista de quien realice la compulsa y los cuales fueron exhibidos al fisco quien revisó sin inconvenientes lo que necesitó.
                        III) Habiendo quedado el expediente en condiciones de ser resuelto, este Tribunal estima que asiste razón a la defensa por lo que el veredicto jurisdiccional adoptado por el “a quo” de ordenar el procesamiento del epigrafido por suponerlo autor del delito de evasión simple de tributos, debe ser revocado. En efecto, es menester tener presente que si bien dicha resolución no requiere el grado de certeza propio de una sentencia que pone fin a un proceso, lo cierto es que tampoco es posible ordenar una medida preventiva que no se encuentre autorizada por prueba incriminatoria que la avale y de por superada la sospecha inicial, y que, por su resultado, determine un estado intelectual, no ya de certeza pero si de probabilidad cierta, no sólo de la existencia del hecho materia de investigación sino también de la responsabilidad de la persona involucrada. Así, del análisis del material probatorio que conforma la medida procesal dictada, no surgen pruebas ni presunciones suficientes que acrediten la presunta intervención en los términos que requiere el estado procesal en que nos encontramos. Por el contrario, existe hasta el momento una duda razonable acerca de la responsabilidad del imputado en los hechos materia de investigación, debiendo pronunciarse por la ausencia de mérito para su procesamiento.-
                        En efecto, claramente surge que la valoración realizada por el juez de grado carece de sustento, habida cuenta que sólo se basa en los elementos de convicción incorporados por la AFIP y una pericia contable cuyo resultado se encuentra glosado a fs. 139/142.-
                        Sumado a ello, cuadra considerar que los dichos prestados por los clientes mayoristas de la firma “Azul Infinito” en sede administrativa no pueden ser considerados por el “a quo”, toda vez que no han sido recepcionados con las formalidades fijadas por el Código de rito, que resguardan las garantías constitucionales, ni fue tomada en el marco de una investigación judicial y tampoco fue ordenada por el señor Juez instructor, con lo cual carecen de relevancia probatoria en este proceso.-
                        En consecuencia, entendemos que deberá decretarse la falta de mérito respecto del imputado en orden al delito de evasión simple, toda vez que resulta necesario disponer la producción de otras medidas a fin de dar sustento a la denuncia interpuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o desvincular definitivamente al imputado.-
                        De tal forma, resulta de interés a los fines de la dilucidación acabada de la imputación, contar con, la recepción de declaraciones testimoniales, respecto de Graciela Noemí Pallordet, Guillermo Mario Beltran, Rubén Horacio Díaz Guillermo Roberto Pesaresi, Daniel Edgardo Montenegro, Víctor Adrián Sardi y Alberto Daniel Martínez quienes durante el año 1998 habrían comprado los cursos a la firma “Azul Infinito”, ello sin perjuicio de la realización de otras medidas de prueba que el “a quo” estime pertinentes.-
            Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
                        REVOCAR la resolución obrante a fs. 183/191vta.,y DECLARAR la FALTA DE MERITO para procesar o sobreseer a ANTONIO HORACIO ROBERTO en orden a los hechos intimados, debiendo continuarse la investigación según lo expresado en los considerandos que preceden y sin perjuicio de la calificación que en definitiva pudiere corresponder (Artículos 309 del C.P.P.N.).-

            REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.-



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